SOBRE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y LA DETENCIÓN DOMICILIARIA

siglas empleadas:

C.P.P. Código de procedimiento penal ley 906 de 2004

C.P.    Código penal Ley 599 de 2000.

En estos días por no decir meses, he escuchado cualquier cantidad de imprecisiones relativas a la privación de la libertad de quienes se encuentran bajo una investigación penal y se les impone una detención en su lugar de residencia o domicilio (más conocida por los medios y los no-abogados penalistas como casa por cárcel). También he escuchado otro tanto de comentarios, críticas y vituperios a las medidas que además incluyen la imposición de un brazalete electrónico y cómo los medios de comunicación aumentan su rating reportando el incumplimiento de éstas y otras opciones legales para privar de la libertad a quien es investigado por la presunta comisión de un delito.

Me salta la ceja y siento que voy camino a una embolia o accidente cerebrovascular cuando tanta imprecisión es apropiada y repetida por cuanta persona escucha radio o ve televisión, así que en aras de mi  salud mental y simplemente para arrojar luces sobre el tema procedo a aclarar de la forma más sencilla y concreta algunos términos que se adjudican los periodistas nacionales y que utilizan indiscriminadamente para narrar la noticia judicial.

Para el lector de este post me permito informarle que en las líneas que se siguen no se defenderán ni atacarán posiciones o decisiones judiciales, tampoco a personas determinadas o indeterminadas, simplemente, ante la falta de asesores jurídicos dentro de los medios de comunicación que sepan de derecho penal y precisen cuales son los argumentos de derecho que fundamentan las decisiones judiciales que imponen detención domiciliaria, considero necesario hacerlo por este medio para que ahora sí, conociendo cuál es la naturaleza, definición y finalidad de la privación de la libertad dentro de un proceso penal, puedan tomar posición dentro del debate mediático y de “opinión” que nos inunda diariamente.

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD

Para empezar aclaremos que dentro de los procesos penales y de conformidad con los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales ratificados por Colombia y que hacen parte del derecho interno, así como en la Constitución, en el Código Penal y de Procedimiento Penal, la libertad está reconocida como un principio rector y un derecho de toda persona humana que irradia todas las normas jurídicas del país. A su vez es la regla general dentro de los procesos penales, como lo ha resaltado la Corte Constitucional, para que quien sea investigado por la Fiscalía ante la presunta comisión de un delito pueda en ejercicio de su libertad ejercer y preparar su defensa (C-1198/08, C-318/08), de allí que la privación de la libertad de quien está siendo investigado, es decir, de quien aún no se ha establecido su responsabilidad en la comisión de un delito es la excepción y está supeditada al cumplimiento de unos fines y de ciertos requisitos.

Así las cosas las medidas de aseguramiento privativas de la libertad (carcelaria o domiciliaria) son medidas cautelares impuestas a persona determinada, a solicitud del Fiscal (art. 306 C.P.P), de naturaleza instrumental, procedimental, no punitiva, ni sancionatoria (C-1198/08), es decir, que se tratan de privaciones preventivas de la libertad del investigado o imputado, cuando dicha libertad afecte derechos fundamentales, bienes jurídicos (como los que protege el derecho penal) o intereses jurídicos reconocidos por la constitución y la ley y que al ponerse en una balanza, o técnicamente hablando, después de surtirse un test de proporcionalidad, la libertad de quien es investigado debe ceder ante la protección de los intereses o derechos de otros.

En ese orden de ideas la privación preventiva de la libertad no puede considerarse como una medida punitiva, retributiva, o sancionatoria, es decir, como una forma de castigo o incluso de revanchismo, venganza o desquite contra el investigado o imputado, porque esa no es su naturaleza jurídica ni la razón por la cual fue creada. La ley penal reconoce cierto grado de retribución o sanción al momento de condenar o declarar penalmente responsable a una persona, cuando se tiene certeza más allá de toda duda de la ocurrencia de un delito o punible y de la responsabilidad del imputado en los hechos, pero ello ocurre cuando se dicta una sentencia condenatoria y se impone una pena de prisión, cosa distinta es la medida de aseguramiento creada para la protección de unos fines que puedan verse afectados con la libertad del imputado, no para castigar o reprochar conductas que aún se encuentran en investigación, incluso en los casos de captura en flagrancia.

Demostrada la necesidad y urgencia de imponer una medida que afecte la libertad, deberá acreditarse el lleno de unos requisitos, a saber:

  1. la existencia de una inferencia razonable de presunta autoría o participación del investigado o imputado en el delito objeto de investigación, sustentada en elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida (artículo 308 CPP). 
  2.  El cumplimiento de al menos un requisito de tipo subjetivo (art. 308 al 312 C.P.P) indicando la existencia de una inferencia razonable sustentada en elementos materiales probatorios entre otros, de que la libertad del imputado o investigado es un peligro para:
  • la justicia porque pueda obstruir su ejercicio ocultando pruebas, intimidando, ocultando testigos entre otros aspectos (este requisito es desarrollado en el art. 309 C.P.P.)
  • la seguridad de la sociedad o comunidad (este requisito es desarrollado por el artículo 310 del C.P.P que establece qué debe entenderse por peligro para la comunidad)
  • las víctimas (desarrollado en el artículo 311 del C.P.P.) 
  • la comparecencia al proceso y/o el cumplimiento de una eventual pena de prisión(desarrollado en el artículo 312 del C.P.P)

        

    Se comete un craso error al considerar que la gravedad o la modalidad de la conducta por sí solos son suficientes para acreditar el cumplimiento del requisito subjetivo e imponer una medida restrictiva de la libertad. Al respecto la Corte Constitucional (C-1198/08) aclaró que no es suficiente la gravedad y modalidad de la conducta porque debe acreditarse adicional a ésta, al menos alguno de los literales ya referidos y los siguientes requisitos que mencionaré para imponer una privación de la libertad.


    3. El cumplimiento de al menos un requisito conocido como de tipo objetivo (art. 313 C.P.P) A saber:

    • Que el delito sea competencia de los jueces penales especializados.
    • Que el delito sea de impulso oficioso, es decir que no requiera denuncia o petición especial para su investigación y tenga una pena mínima de al menos 4 años de prisión de acuerdo con el Código Penal.
    • Que sea un delito descrito en el libro II titulo VIII  del Código Penal con una cuantía superior a los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
    • Cuando la persona haya sido capturada dentro del año inmediatamente anterior contado a partir de la nueva captura o imputación por un delito o por una contravención y aún no se haya declarado inocente o no exista preclusión en su favor por esa captura o caso previo. 

      4. Que la medida de aseguramiento supere el test de proporcionalidad: Es decir, que se demuestre que la medida es necesaria, adecuada, razonable y proporcional en estricto sentido para la finalidad bajo la cual se solicita, a grandes rasgos que no hay otra forma sino mediante la privación de la libertad del imputado que podrán protegerse los derechos o intereses de comunidad y víctimas según la petición elevada por la fiscalía y que es razonable y proporcional la privación preventiva de la libertad en contraposición a los derechos o bienes que ésta pueda afectar.

       

       

      Si se superan los 4 requisitos referidos existe mérito para imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad.

       

      ¿DETENCIÓN CARCELARIA O DOMICILIARIA?

       

      Ahora bien, para determinar si la limitación a la libertad se cumplirá en centro carcelario o en el domicilio del imputado se debe acudir al principio de gradualidad, señalado por la Corte Constitucional (C-318/08) e indicativo de que se debe optar por la alternativa menos gravosa para el investigado si cumple con los fines por los cuales se impuso medida de aseguramiento y bajo el cumplimiento de requisitos legales. Es decir, si procede una medida privativa de la libertad pero se cumpliría con la finalidad perseguida en el lugar de residencia según los requisitos del artículo 314 del C.P.P. entre otros que el comportamiento personal, familiar, social ó laboral del imputado permitan considerar que la limitación a la libertad en su domicilio es suficiente para proteger los derechos e intereses de la comunidad de las víctimas o del proceso, se deberá optar por dicha medida. 

       

      Es una imprecisión jurídica hablar de casa por cárcel como sinónimo de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia o domicilio, pues la casa por cárcel o la prisión domiciliaria son figuras de naturaleza y requisitos distintos que proceden una vez la persona ha sido condenada por un delito, luego no son la misma institución jurídica, aunque ambas se cumplan en el lugar de residencia del imputado. No diga casa por cárcel cuando hable de medida de aseguramiento en lugar de residencia o domiciliaria.

       

      CONSIDERACIONES FINALES

       

      Por último, y después de tan árida explicación que espero haya sido entendida por abogados y no-abogados, baste resaltar que el Sistema Penal Acusatorio colombiano es un sistema de partes, donde cada uno asume un rol determinado y el juez no puede suplir las falencias de los sujetos procesales. La Fiscalía a través de sus funcionarios es quien tiene la potestad de solicitar una medida privativa de la libertad sea carcelaria o domiciliaria y si no sustenta adecuadamente por carencia de requisitos o no solicita medida privativa de la libertad, el juez no puede hacerlo por ésta, así en su fuero interno considere otra cosa, en consecuencia ante ausencia de requisitos para imponer una limitación preventiva de la libertad deberá aplicar la regla general y ordenar el restablecimiento del derecho a la libertad del imputado. 

       

      Espero que estas aclaraciones arrojen luz al debate. Ahora sí tomen una posición.